Seguridad, crimen y finanzas

Las declaraciones del abogado del Chapo Guzmán y de Jesús Zambada han confirmado algo que algunos sabían y que muchos sospechábamos: el crimen organizado soborna a las autoridades federales a niveles muy altos que tocan hoy a ex-presidentes y presidentes en turno.

En efecto, Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa sobornaban a la PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando sobornos en la Ciudad de México de 300 mil dólares mensuales, según el dicho de un testigo clave del gobierno en el juicio del capo, Jesús “El Rey” Zambada, empleado del cartel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano de Ismael El Mayo Zambada García, cofundador de la organización criminal junto a El Chapo. El Rey Zambada detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día del juicio que se realiza en Brooklyn, Nueva York y que durará unos cuatro meses. La prensa ha destacado que un señalamiento de la mayor importancia es el que hizo el abogado defensor del Chapo al afirmar que el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa y el actual presidente Enrique Peña Nieto recibían dinero del Cartel de Sinaloa.

Ha estas alturas es difícil negar que la violencia criminal, a pesar de la llamada guerra contra el narco, no ha disminuido; por el contrario se ha incrementado. El 75% de los asesinatos perpetrados se atribuyen al crimen organizado y unas 70 personas fueron asesinadas cada día en México, en total se cometieron 25,339 homicidios dolosos en 2017.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Interior legislada por el Congreso de la Unión y vigente desde el 21 de diciembre de 2017. Dicha ley se promulgó con el fin de generar un marco legal que justifique el uso de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en materia de seguridad en todo el territorio nacional. Los ministros resolvieron que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en la materia.

Con esta especie de vacío legal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó una política sobre política de seguridad interior, cuyo punto central es la creación de una guardia nacional que, según los conocedores deja sin modificar el efecto de militarizar la seguridad pública.

La iniciativa del presidente electo es sustancialmente diferente de su postura inicial, a saber, que endurecería los controles del sistema bancario en el país para luchar contra el lavado de dinero.

Este tema es clave en el control y reducción del crimen organizado. Entre otras, la experiencia italiana demuestra que el uso de la violencia del Estado y el perfeccionamiento del sistema judicial tienen como condición de éxito sine qua non, el control del sistema financiero que permite el llamado “lavado” de dinero. Al respecto, un libro recomendable para conocer del contexto histórico y los mecanismo de la limpia de dinero con origen criminal, es el de Jean de Maillard et. Al. Atlas de la criminalidad financiera. Del narcotráfico al blanqueo de capitales. Ediciones Akal S. A. 2002. España.

El gobierno mexicano estimó que sólo el narcotráfico, los delitos fiscales y algunos otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año (unos 58 mil 500 millones de dólares), monto que es susceptible de ser sometido a lavado de dinero, según un reporte clasificado visto por Reuters en octubre de 2017.

“Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país”, dice la propuesta de programa de gobierno divulgada por el líder del partido Morena el año pasado.

El sistema financiero mexicano está compuesto por más de 5 mil entidades de muy diversa índole, y el sector bancario es liderado por los bancos españoles BBVA Bancomer y Santander, así como el estadounidense Citibanamex.

El futuro presidente de México vuelve a toparse con el capital financiero, hace unas semanas con motivo de las reformas propuestas para el cobro de comisiones, ahora con el tema de su política de seguridad pública.

Llama la atención que en ambos temas parezca dejar de lado el control de esta forma de operación del capital. En este segundo caso, no tomar en consideración la experiencia italiana podría llevarlo a un esquema modificado de la “guerra contra el narco”, con un altísimo costo económico y en vidas humanas además de ineficaz.

Pero lo que además debería preocuparnos, son los cambios abruptos en los planteamientos políticos del futuro presidente de México. Da la impresión de que sus declaraciones adolecen de falta de sustento y congruencia, o bien de estar sometido a una presión por parte de fuerzas superiores a su capacidad y voluntad políticas.